En febrero de 2019 se publicó la Ley 21.133, que incorporó de manera obligatoria a los regímenes de protección social a quienes emiten boletas de honorarios. Siete años después, esa incorporación avanza de forma gradual y completa su transición en 2028.

El mecanismo descansa en la retención que las empresas aplican a cada boleta. La tasa, que era de 10% antes de la reforma, sube año a año hasta alcanzar 17% en 2028, y en 2026 se ubica en 15,25%. Con esos recursos, en el proceso anual de impuestos se pagan las cotizaciones de cada prestador para pensiones, salud, el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y el seguro para el acompañamiento de niños y niñas (SANNA).

El prestador independiente accede hoy a licencias médicas, cobertura ante accidentes y ahorro previsional, prestaciones que durante décadas estuvieron asociadas casi exclusivamente al empleo dependiente. La distancia en protección entre ambas formas de trabajo se ha reducido, y con ello cambia también la manera en que muchos profesionales evalúan la opción de trabajar por cuenta propia.

Para las empresas, este proceso confirma que quien presta servicios a honorarios participa plenamente del sistema formal, y que la retención aplicada sobre cada boleta es la vía por la que ese profesional accede a su protección social.

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